Las medidas Cepal de tercera generación
6 de Diciembre de 2000
"Nuestra propuesta es desarrollar políticas de competitividad y crecimiento, generar una ofensiva social, es decir, crear puestos de trabajo, además de promover la estabilidad macroeconómica", señala Wilson Peres, jefe de la unidad conjunta de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Estas afirmaciones las realiza a partir del estudio "Crecimiento, empleo y equidad: impacto de las reformas económicas en América Latina y el Caribe", presentado por Cepal, en el que se analizan las reformas económicas de "primera generación" que se aplicaron en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y Perú en las décadas de los 80 y 90.
Chile bien evaluado
Según el documento, Chile es el país que mejores resultados recogió de las reformas aplicadas durante este periodo: liberalización de las importaciones, liberalización fínanciera interna, apertura de la cuenta de capital, privatizaciones y reforma tributaria. Sin embargo, a juicio del especialista, la vulnerabilidad que ha provocado el creciente proceso de globalización y de liberalización comercial y fínanciera en las economías latinoamericanas, hace necesario considerar cambios en las políticas para mejorar los resultados previstos.
Reformas de los 80
Peres explica que los reformistas de la época de los 80 pensaron que Chile iba a tener un gran desarrollo en sectores como el textil, calzado y muebles. Sin embargo, "la experiencia demostró que los sectores exportadores más fuertes estaban relacionados con materias primas como el cobre y la celulosa, actividades que no generan mucho empleo", agrega el experto. A juicio de Peres, las reformas solucionaron algunos problemas, pero no todos. Quedaron pendientes el desempleo y la distribución del ingreso, e incluso se crearon otras dificultades como la escasa regulación del Estado en las empresas privatizadas. Las reformas de "segunda generación" -indica el profesional- fueron propugnadas a mediados de los años 90 por el Banco Mundial y corresponden a la supervisión de los sistemas financieros locales, la reforma del Estado, de los sistemas educacional y de justicia. (MTG)